La atención domiciliaria como reto de la Farmacia comunitaria

En el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Cofares, a través de su Instituto de Formación, ha querido poner sobre la mesa el debate abierto en torno a la atención domiciliaria y al papel que debería corresponder dentro de ella a los farmacéuticos y a la Farmacia comunitaria.

El punto de partida fue el fenómeno de la longevidad y sus importantes consecuencias sociales y asistenciales. La conclusión fue unánime: es necesario establecer e impulsar cuanto antes una Estrategia nacional para la atención domiciliaria.

El debate en torno a la longevidad permitió poner de relieve algunos datos impactantes. Así, se destacó que un 19,1% de nuestra población tiene ya más de 65 años, cuando a comienzos del pasado siglo apenas representaba el 5%.

Esta tendencia va a mantenerse, de modo que, según los demógrafos, dentro de 25 años habrá más de 10 millones de personas que superarán esta edad. Estamos ante una auténtica revolución demográfica, que algunos alarmistas valoran como un grave problema para la sostenibilidad económica del sistema sanitario.

Frente a tales posicionamientos hay que afirmar que la mayor esperanza de vida debe valorarse de modo positivo, ya que es el resultado de grandes avances científicos, biomédicos y farmacológicos.

Pero la longevidad va asociada a otros factores tan importantes como la pérdida de movilidad y de autonomía personal y, de modo especial, la soledad de muchas personas mayores, favorecida por el debilitamiento de las estructuras familiares.

Esa soledad apenas va a quedar amortiguada por las residencias, ya que, en general, las personas mayores prefieren seguir viviendo en su hogar.

Pero esta preferencia, que ha merecido el respaldo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el Comité Económico Social de la Unión Europea, para que sea viable, requiere contar con servicios sanitarios y sociales de apoyo a los mayores, imprescindibles para resolver problemas fruto de la discapacidad física o mental.

Estamos, pues, ante un nuevo entorno, que reclama respuestas organizativas diferentes de las tradicionales.

Es un hecho que durante décadas el Sistema Nacional de Salud ha puesto el foco en los episodios agudos y en la atención hospitalaria. Pero esto ya no basta. En el futuro los cuidados de larga duración y la atención domiciliaria deberían ser obligados referentes para hacer más eficaz y de mayor calidad nuestro modelo sanitario.

La atención domiciliaria habría de implementarse a través de un “continuum” asistencial sociosanitario a cargo de equipos multiprofesionales con el complemento de la teleasistencia.

En este modelo habrían de estar incluidos, junto a otras profesiones sanitarias, los farmacéuticos y las oficinas de farmacia.

La atención domiciliaria (AFD) a cargo de farmacéuticos cuenta con importantes experiencias a nivel internacional (Reino Unido, Estados Unidos, Países nórdicos, Holanda, Australia, etc) y ha empezado a establecerse en España. Deben mencionarse algunas iniciativas valiosas, en las que participan los COF, en el Pais Vasco y en la Comunidad Valenciana. Otras están emergiendo en forma de proyectos, como son los casos de Madrid y Extremadura.

La AFD constituye una innovadora aportación a la humanización de la asistencia sanitaria, que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes mayores y de sus familias, a las que informa y orienta.

El marco regulatorio de la AFD tiene su base en la Ley 16/1997, que regula los servicios de las oficinas de farmacia; en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en la Ley de Dependencia y en la Ley Básica de Autonomía del Paciente.

Haría falta un desarrollo normativo complementario, que es competencia de las Comunidades Autónomas. A través de esa normativa habría que definir de modo flexible un catálogo de servicios y estandarizar sus contenidos (SPD, adherencia, PRM, seguimiento y control en el uso de fármacos y productos, apoyos técnicos, información, promoción de hábitos saludables, prevención…).

También habría que abordar, entre otros aspectos, los relativos a su voluntariedad ( tanto para el paciente como para la oficina de farmacia), los requisitos y el procedimiento para su acreditación, la formación que precisen los farmacéuticos, las garantías de confidencialidad y de privacidad de los datos de los pacientes, las modalidades (presencial, a distancia o mixta) y el régimen económico, que haga sostenibles este tipo de servicios farmacéuticos.

Ademas de normativa, la AFD requeriría protocolos consensuados con otras profesiones sanitarias, articulados a partir del respeto mutuo de sus competencias y contando con la homologación de las Administraciones competentes.

Esto propiciaría una práctica colaborativa y evitaría malentendidos y estériles disputas competenciales, que acaban perjudicando a los pacientes.

Así pues, hay agenda. Ahora lo que hace falta son voluntades convergentes que impulsen estos servicios farmacéuticos asistenciales.

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